Las competencias en costas deben ser canarias

Nadie conoce Tenerife mejor que los propios tinerfeños y nadie tampoco es capaz de valorar sus necesidades y carencias como quienes aquí residimos. Ninguna administración u organismo ajeno podrá nunca determinar la fórmula más apropiada para resolver los problemas de la Isla como aquellos que se asientan en ella. Porque son estos los que día a día han de enfrentarse al reto de plantear iniciativas dirigidas siempre en última instancia a otorgar mayores niveles de calidad a la vida de los habitantes de esta tierra compleja y archipielágica.

Es evidente que en todos los casos los representantes insulares han de ser tenidos en cuenta a la hora de fijar criterios y trazar objetivos para la realización de actuaciones, sobre todo cuando se trata de infraestructuras. Ocurre que en muchas ocasiones no puede bastar con eso; es preciso que sean las propias instituciones tinerfeñas las que asuman el compromiso de emprender los proyectos en virtud de sus criterios, que se basan en ese conocimiento cercano que tienen sobre la realidad de la Isla.

Hace tiempo que defiendo que Canarias debe ejercer su gobierno sobre la totalidad de su territorio y la localización y planificación del conjunto de sus inversiones públicas. Sin duda, para que eso suceda se hace  necesario disponer de las competencias y los medios correspondientes, de los recursos que permiten afrontar las intervenciones y hacerlo, además, en el momento más adecuado, según un orden de prioridades establecido desde aquí. Porque está demostrado que todas las competencias recibidas por el Archipiélago han mejorado en su gestión desde su incorporación a manos de nuestras instituciones. No puede ser que se decida desde lejos qué acciones han de ser acometidas, ni tampoco cuándo hay que llevarlas a cabo. En este orden de cosas, el control público de nuestras costas por las instituciones de Canarias es absolutamente prioritario para el progreso de nuestro autogobierno.

Los problemas que ocurren y preocupan en determinados puntos de nuestra costa son múltiples. La falta de sensibilidad que desde el Gobierno central se tiene con algunos núcleos costeros  o la persecución de cualquier actividad que genere disfrutar de nuestro litoral aun con garantías medioambientales han ocupado recientemente informaciones en los medios de comunicación de toda Canarias. Sobre estos asuntos sólo cabe recordar los compromisos adquiridos por la anterior ministra de Medioambiente ante D. Ricardo Melchior en cuanto a la creación de una Comisión Administrativa que debería analizar caso por caso ante la alarma social generada.

 En la actualidad nos enfrentamos a una de esas situaciones en las que la incomprensión de un organismo alejado de la realidad insular impide disponer de la voluntad necesaria para desarrollar proyectos programados desde la Isla. La Dirección General de Costas, dependiente del Estado, se empeña en no ejecutar diferentes proyectos en nuestro litoral, a pesar de que se encuentran plenamente justificados, con la excusa de que únicamente consisten en la realización de paseos litorales y recuperan en condiciones de seguridad los lugares tradicionales de baño. Al mismo tiempo nos paraliza la ejecución de obras ya adjudicadas y aprobadas, con la excusa de que el Cabildo Insular de Tenerife debe proceder a la demolición de edificaciones existentes en el dominio público. Esto no debería ser así.

Todos sabemos la importancia capital que tiene el turismo para nuestra economía, para la estabilidad de nuestra sociedad. Se trata de la principal fuente de riqueza, de un sector que da sustento a centenares de miles de personas. Mejorar la oferta turística incluye la creación y acondicionamiento de espacios públicos que se añadan a los establecimientos alojativos y contribuyan a crear un destino cada vez más atractivo. Muchas de esas actuaciones medioambientalmente viables deben ser situadas en las zonas costeras, allí donde son demandadas por los visitantes y residentes.

Desde Madrid no se tiene en cuenta que para nuestra Isla tan importante es la recuperación de áreas de dominio público o la rehabilitación de playas como la creación de nuevos paseos marítimos y lugares de baño que contribuyan al disfrute del litoral. Lo que contribuye, además, al sostenimiento del sector turístico.

La política del Cabildo respecto a las actuaciones a desarrollar en el litoral va dirigida a dar una respuesta social a la población local respecto del  disfrute de los espacios costeros y a su protección medioambiental y con ello potenciar los atractivos de Tenerife para el residente y para el turista. Esta política esta más que justificada en inversión y en defensa de nuestros valores y el Cabildo, a pesar de no tener competencias, lleva años redactando y ejecutando proyectos de gran rentabilidad social en nuestro litoral.

Desde nuestro punto de vista las competencias en materia de costas han de situarse en las Islas y no permanecer por más tiempo lejos, muy lejos, de la realidad insular. Al igual que gestionamos y legislamos sobre nuestros espacios naturales protegidos o el suelo rustico o industrial no existe ningún motivo para no hacerlo con nuestro litoral. Y además seguiremos avanzando en un mayor autogobierno para Canarias.